Los representantes de la patronal y los trabajadores de Ceuta han acordado este miércoles con el Gobierno de la Ciudad en la Mesa de Diálogo Socialcrear una comisión técnica para seguir recopilando información y análisis en torno al cambio en el régimen de bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Socialimplementado unilateralmente por el Ministerio de Trabajo desde el pasado viernes y que “solo trae problemas”, tal y como han coincidido.
Su objetivo común es derogarlo, pero mientras intentarán alcanzar acuerdos que garanticen la “paz social” repercutiendo parte del ahorro empresarial en los salarios de los empleados, como se ha intentado hacer hasta ahora.
Según han explicado los presidentes de la Confederación de Empresarios y la Cámara, Arantxa Campos y Karim Bulaix, y los secretarios generales de UGT y CCOO en Ceuta, Juan Carlos Pérez y Emilio Postigo, dicho foro tendrá la misión de seguir fortaleciendo la posición que comparten contra la nueva bonificación fija de 262 euros (susceptible de complementación vía subvención), que insistirán en derogar para volver al régimen del 50% lineal para los sectores beneficiarios, trabajadores temporales incluidos, vigente hasta el 1 de septiembre.
Además, los agentes sociales se han comprometido a intentar alcanzar un acuerdo similar al del Plus de Vinculación de 2012 para repercutir en parte a los trabajadores el beneficio que obtenga cada empresario en forma de ahorro en sus cotizaciones.
Pérez ha explicado que “hemos llegado a la conclusión de crear una comisión técnica que se constituirá el viernes para señalar los efectos exactos del nuevo marco con respecto al articulado anterior” y que “vamos a intentar llegar a un acuerdo que sustituya, hasta que con un nuevo Gobierno central se pueda derogar el último Real Decreto, el Plus de Vinculación”.
El líder ugetista ha asegurado que no está claro con “certeza” ni que el nuevo régimen de bonificaciones no sea de aplicación a los alrededor de 9.000 contratados antes del 1 de septiembre beneficiarios del 50% de bonificación en Ceuta, un efecto retroactivo que la patronal sí interpreta que no cabe ni tendrá lugar.
Postigo ha coincidido con Pérez en sembrar dudas sobre ese extremo y se ha mostrado convencido de que el nuevo sistema tiene “muchos más contras que pros”, ya que “solo traerá conflictos laborales y con las empresas”. “No tiene ninguna justificación en beneficio de nadie”, ha incidido el secretario general de CCOO, que ha explicado que los sindicatos negociarán un nuevo pacto social con el espíritu del Plus de Vinculación tanto para los bonificados con 262 euros, cuyos patronos ahorrarán dinero tras el cambio, como para los de bases de cotización superiores a 1.668,8 euros.
Los representantes de la parte social temen que la exclusión de los trabajadores temporales de las nuevas bonificaciones no fomenten la incorporación de personal con contratos indefinidos, sino que se “exprima” a la plantilla sin contar con nadie más.
"Nos jugamos mucho todos"
La presidenta de la CECE, Arantxa Campos, ha afirmado al término de la reunión de la Mesa de Diálogo Social que la comisión técnica pactada “determinará exactamente los perjuicios de la nueva normativa y la hoja de ruta que podremos seguir para acabar con ella porque no es la deseable”. “Lo idea es quedarnos con la del 50% que teníamos”, ha resumido.
Bulaix ha lamentado que la ciudad hace frente a un problema “creado sin números que lo justifiquen, ya que se apunta a un ahorro de 150.000 euros al año para la administración”. “La parte buena es que nos vamos a sentar todos en una mesa para valorar la situación y a partir de ahí trabajar de forma conjunta sabiendo que nos jugamos mucho todos y que la paz social debe primar en todo momento”, ha advertido.
“Estamos convencidos de que los contratos firmados a partir del 1 de septiembre son los sujetos a la nueva bonificación, que deja en suspenso el Plus de Vinculación, por lo que vamos a ver en esta fase transitoria hasta una nueva regulación qué tipo de acuerdo podemos alcanzar”, ha avanzado.
“La idea”, ha apostillado Campos, “es volver a la seguridad jurídica que teníamos antes con un informe que lo acredite, ya que las exclusiones del nuevo sistema no hacen viable que la bonificación fija de 262 euros la puedan aplicar todos los empresarios”.
Las bonificaciones del 50% en las cuotas empresariales a la Seguridad Social costaron a la Administración General del Estado el año pasado 35,04 millones de euros para 19.688 beneficiarios en las dos ciudades autónomas, a una media de casi 150 euros al mes. Las nuevas de cuantía fija solamente se podrán aplicar a contratados indefinidamente y que reciban 20 horas de formación al año, entre otros requisitos.
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